Diversas investigaciones sobre supuestas irregularidades en licitaciones, compras públicas y designaciones tienen como protagonistas al círculo más cercano al gobierno nacional.
Las causas judiciales que involucran a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la secretaria General de la Presidencia, y a su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, han cobrado nuevo impulso tras la difusión de datos recientes.
Los expedientes abiertos exploran posibles irregularidades en contratos estatales, manejos en agencias como PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), así como contrataciones millonarias y licitaciones bajo la lupa en diversos organismos públicos.
El epicentro de las investigaciones gira en torno al denominado “caso Spagnuolo”. El expediente radicado en los tribunales de Comodoro Py surgió de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, tras la aparición de grabaciones clandestinas.
En los audios editados, el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, menciona supuestos sobornos ligados a la compra de medicamentos, parte de los cuales —según el material filtrado— se habrían canalizado a través de la empresa Suizo Argentina y cuyo destino incluiría a Karina Milei y a Eduardo Menem. Los investigadores analizan los registros telefónicos incautados a los involucrados, incluidos los accionistas de la droguería Jonathan y Emmanuel Kovalivker, en busca de pruebas de sobreprecios, cartelización y posible direccionamiento de contratos.