En el Ejecutivo evalúan tomar la misma decisión que con la Emergencia en Discapacidad: promulgar las normas, pero sin asignarles los fondos. “Lo que nos interesa es mantener el equilibrio en las cuentas públicas”, argumentan en Nación.
El Gobierno evalúa suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica tras el rechazo del Congreso a los vetos de Javier Milei. Se trata del mismo esquema que el Ejecutivo aplicó con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que promulgó mediante un decreto, pero puso en suspensión la ejecución de sus fondos.
La Casa Rosada está estudiando las implicancias de la erogación presupuestaria de las leyes y pone la mira sobre los fondos a las universidades. En la mesa técnica de Balcarce 50 reconocen que el incremento de asignaciones para el Garrahan tiene poco impacto en las cuentas. Contempla $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.