Seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El gobernador del Distrito Federal de Brasilia Ibaneis Rocha -aliado político del expresidente Jair Bolsonaro-, ha pedido disculpas por la situación “inaceptable” en su distrito.
Rocha se dirigió directamente al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que se refiere a los asaltantes como “vándalos” y “terroristas”.
“Quiero dirigirme primero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir disculpas por lo que ha ocurrido hoy en nuestra ciudad, al presidente del Tribunal Supremo Federal, a mi querido amigo Arthur Lira -presidente de la Cámara de Diputados-, a mi amigo Rodrigo Pacheco -presidente del Senado-”, dijo Rocha. “Lo que ha pasado es sencillamente inaceptable”, afirmó.
Para Rocha, los asaltantes “son verdaderos vándalos, verdaderos terroristas a los que combatiré para que sean castigados”.
La disculpa legó después de que Lula decretara la intervención federal en Brasilia asumiendo las competencias de seguridad que hasta entonces correspondían a Rocha. El responsable federal como interventor es Ricardo Garcia Cappelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia.
Las autoridades brasileñas han informado de que han sido detenidas 30 personas tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado por parte de simpatizantes de Jair Bolsonaro.
Los sospechosos quedan a hora pendientes de una audiencia de custodia que decida sobre su detención definitiva, según informa la cadena de televisión brasileña O Globo.
Los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal, concretamente en el Departamento de Policía Especializada, donde se espera la llegada de más sospechosos.
La mayoría están siendo arrestadas por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre 4 y 12 años de prisión por “tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo”.